¿QUIÉN PROTEGEN LA IDENTIDAD, DEL ASESINO, DE KARLA DEL CARMEN PONTIGO LUCCIOTTO?

¿QUIÉN PROTEGEN LA IDENTIDAD, DEL ASESINO, DE KARLA DEL CARMEN PONTIGO LUCCIOTTO?

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. LUNES 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 ●.- Pasaron 6 años, para que el gobernador Juan Manuel Carreras López, cumpliera la Recomendación número 55/2015, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el feminicidio de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto.

Como en todo crimen brutal, se cumplió el viejo y conocido refrán, que dice: “el hilo se corta por lo más delgado”.

Los castigos son ridículos, y representan una ofensa para la familia de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, y para la inteligencia del pueblo de San Luis Potosí.

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El encubrimiento del asesinato premeditado de Karla, y la manipulación de la escena del crimen, para proteger al autor del feminicidio, exigía sentencias penales para los responsables, entre ellos al entonces gobernador Fernando Toranzo Fernández, el Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, y el Procurador de Justicia, Miguel Ángel García Covarrubias.

Hace 9 años, Esperanza Lucciotto sufrió la pérdida más grande que puede sufrir una mujer, la de un hijo o hija.

Karla fue víctima de feminicidio. Como si ese dolor no fuera suficiente, inició para Esperanza un calvario que la llevó a darse cuenta que la justicia no estaba de su lado, fue obligada a aceptar la donación de órganos de su hija para que se iniciaran las investigaciones, vivió una serie de negligencias como la manipulación y alteración de la investigación, la obstaculización de su participación en la aportación de pruebas por parte del personal ministerial, pericial y policial, así como la pérdida o contaminación deliberada de pruebas vitales para la investigación.

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La hipótesis de la prensa en esa época, del crimen cometido la madrugada del domingo 28 de octubre del 2012, en la oficina de Jorge Pedro Vasilakos Reyes, dueños del centro nocturno Play Club, era que: 1.- El posible asesino fuera un pistolero de apellido Covarrubias, integrante de la Mafia del cartel del Golfo. 2.- El doctor Fernando Toranzo Ramos, hijo del gobernador Fernando Toranzo Fernández.

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Cito textual al columnista de EL FINANCIERO, Javier Risco: “La autoridad local, a través del Ministerio Público, hizo todo mal; la injusticia, el encubrimiento empezó desde el inicio de la investigación. El MP llegó casi 40 horas después al lugar de los hechos, cuando personal de la discoteca había limpiado el lugar donde había sido encontrada Karla. La necropsia realizada la madrugada del lunes dictaminó 39 lesiones en zonas genitales, labios, ojos y cráneo. Después de meses de querer acceder a la investigación, la familia pudo llegar al expediente a través de un amparo y descubrió que la autoridad ministerial había consignado la muerte de Karla como un accidente: “La historia creada ahí fue que Karla corrió en la noche a oscuras por su mochila que dejó en la oficina del dueño, que no vio la puerta de seis centímetros de espesor, que se estrelló con ella y murió”, apunta la periodista Daniela Rea al consultar al abogado de la familia Pontigo. De esta manera, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí consignó el caso como homicidio culposo, y el dueño de la discoteca, Jorge Pedro Vasilakos Reyes, pudo salir libre bajo fianza”.

Y agrega en su columna LA NOTA DURA, publicada el 14/11/2019: “Seis meses después, en abril de 2013, la PGJ de San Luis Potosí exhumó el cuerpo de Karla, a petición de la familia Pontigo. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato aportó una valoración independiente que determinó que Karla no murió en un accidente, como decían las autoridades locales. “En la revisión del cuerpo y del expediente, se encontraron 39 lesiones, la más grande de quince centímetros en la cabeza, la de la pierna y otras que se pueden considerar defensivas, palmas de la mano, a hombros, antebrazo, cuello, punzocortantes y tiene heridas de índole sexual interior y exterior vaginal”, señaló la Procuraduría guanajuatense”.

Oscar Alarcón Guerrero, Contralor General del Estado, entró por José Gabriel Rosillo Iglesias, el viernes 13 de marzo del año 2020.

Oscar Alarcón Guerrero

Durante 5 años, Rosillo Iglesias, “dejó pasar y dejó de hacer”. Además de su posible complicidad en el encubrimiento del feminicidio, omitió emitir sanciones penales y administrativas, a los probables responsables de limpiar la escena del crimen, y de manipular la evidencias del asesinato.

Alarcón Guerrero, acaba de emitir “blandengues sanciones administrativas”, en contra de Ministerios Públicos, y de Policías Investigadores, que ya no laboran en la Fiscalía General del Estado (FIGE), informó Ulises Valencia Gordillo, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, y Derechos Humanos, del Gobierno del Estado.

Valencia Gordillo, dijo que la medida administrativa hacia los exfuncionarios, la estableció la Contraloría General del Estado. Precisó que los señalados que dejaron de laborar en la FIGE, lo hicieron por razones propias.

En entrevista, Valencia Gordillo advirtió que la aplicación de tales medidas administrativas, no excluye a los exservidores públicos, de la posibilidad de recibir una sanción penal, o de otro tipo.

Publicado por EL MUNDO DE SAN LUIS

ESCRITOR. PERIODISTA. MAESTRO NACIONAL DE AJEDREZ.

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